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NOVEDADES | Comunicado de la Junta Central

Mediante un comunicado emitido el pasado jueves 27 de enero de 2023, la Junta Central de Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería de la República Argentina, brinda aclaraciones sobre recientes declaraciones de neto corte proselitista y alto impacto mediático.

Reproducimos seguidamente el texto del citado comunicado.

“La Junta Central de Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería de la República Argentina, quiere manifestar y dar a conocer su absoluto desacuerdo y rechazo frente a las recientes declaraciones de neto corte proselitista y alto impacto mediático, que buscan desinformar al público desplegando un manto de sospecha sobre las actividades de los colegios y consejos profesionales.

Nuestra institución, creada en el año 1958, mediante el decreto ley 6070/58, ratificado por la ley 14.467, Digesto Jurídico 2014, nuclea en su seno a los consejos que administran las matrículas de las profesiones de interés público mencionadas, requerida para actuar en la jurisdicción federal y ante las autoridades nacionales, cumpliendo una importante función en favor del interés público.

Ciertamente, la autorización para ejercer una actividad a través de la matriculación, en primer lugar, respalda a su titular ya que homologa el alcance del título con la actividad que aquél desplegará; luego, permite a las autoridades públicas administrativas y/o judiciales una efectiva identificación de quien la detenta. Y, por último, representa una garantía para el público en general que pudiera requerir los servicios profesionales, ya que sujeta la prestación de éstos a un conjunto de criterios y conceptos propio de cada arte (reglas éticas) que deben guiar la conducta de quien los desarrolla, deberes que en caso de ser quebrantados merecerán el reproche de sus pares a través de las sanciones que puedan aplicarse en el marco de un procedimiento ético.

Tal cometido, en el caso de nuestra institución y de los Consejos que la componen, es gestionado enteramente de manera privada, sin recibir fondos públicos o de organismos estatales, sin exigir aportes referidos a Cajas de previsión social a través de autoridades y directivos que se desempeñan en todos los casos ad honorem.

Por todo ello, y teniendo en cuenta la situación institucional de nuestro querido país, resulta poco oportuno y útil instalar una pretendida solución que solo generaría mayor grado de anomia, ausencia de control y disolución de la responsabilidad profesional.

Buenos Aires, 27 de enero de 2023”.

15 comentarios en “NOVEDADES | Comunicado de la Junta Central”

    1. Impulsar la ANOMIA a la que hacen alusión, parece apoderarse de nuestro país. Eliminar las instituciones que nuclean profesionales, representa lisa y llanamente ignorar todo el camino andado. Los discursos electorales, no guardan relación con los verdaderos problemas. Quienes vociferan nos llevaron hasta aquí. Por lo tanto, solo debemos pedir no destruyan más, cesen las aspiraciones destructivas o dañinas.-

  1. Soy uno más que se pone en la cola para enterarme cuáles y de quién fueron las enervantes declaraciones que motivaron a la Junta Centrar a repelerlas tan rotundamente.

  2. En un todo de acuerdo con los comentarios anteriores, es importante, además de adjuntar (como se hizo) la nota de la Junta Central de Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería, incluir “las declaraciones de corte proselitista” que dan origen a la misma, o al menos referenciar dónde poder consultarlas. En caso contrario, estamos en ascuas y no podemos ejercer nuestro derecho a opinar libremente y con criterio.

    1. FORO de PROFESIONALES TÉCNICOS R.A
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      Colegio de Profesionales de Argentina: un frente de batalla impensado
      Proponer quitarle autoridad a estos organismos de manera tan liviana, sin conocer los pormenores, puede hacer explotar una olla a presión que ni las provincias puedan controlar

      Crédito:

      Matías G. Aciar
      20 de Enero de 2023
      Responsable de Comisión Fundadora Mendoza

      Javier Iguacel en textuales palabras, dijo “que va a eliminar la obligación de matricularse para el ejercicio de la profesión” (Nicolás Stulberg)
      A nivel nacional, en lo que respecta a los colegios de profesionales en sus diferentes ramas y especialidades, es atribución de las provincias autárquicas velar por el control de sus actividades, y queda delegado en ellos el control de la matrícula, mediante leyes sancionadas.

      Los colegios y consejos profesionales garantizan, a través de la matrícula, el control del ejercicio profesional, siendo necesario e insustituible, así como también un derecho ineludible, la fiscalización de sus profesionales matriculados, a fin de velar por la ética laboral y el control de los honorarios orientativos, como así también custodiar el ofrecimiento de servicios de calidad a la población nacional.

      Bajo esta premisa, amparada por legislaciones provinciales, en pleno año electoral, en el afán de llevarse todas las miradas del sector profesional, cercano a la precandidata Patricia Bullrich, del PRO, Javier Iguacel en textuales palabras, dijo “que va a eliminar la obligación de matricularse para el ejercicio de la profesión”, y aseguró que, “en caso de llegar a la gobernación, eliminaría la obligación de matricularse y pagar a una caja profesional para llevar adelante actividades de tipo profesional”. Y continuó: “Con el título de la Universidad Nacional alcanza, basta de curros, imposiciones y burocracia”, dice entre sus propuestas, con tono librepensador, en la que brega por la libre elección para asociarse o no a un colegio profesional.

      En función a este impensado frente de batalla, vale destacar que los títulos de grado otorgado por el Ministerio de Educación son válidos a nivel Nacional, pero es deber de los profesionales matricularse en su provincia o donde realicen labores, y de los Colegios o Consejos, el control de sus matriculados.

      Las registraciones que realizaban las Subsecretarías de Trabajo, por ser órganos de los Ministerios de Trabajo provinciales, era solo eso, un registro, sin validez legal, imposible de sancionar desde lo legal civil o penal, era un registro profesional a fin de llevar una estadística.

      Pero citamos un caso de estudio que se repite a nivel Nacional, para el caso de las ingenierías especializadas, o los profesionales de Higiene, Seguridad y Ambiente, por citar un caso modelo, Los técnicos o licenciados de esta rama vieron vulnerados sus competencias, ya que en el año 2001 una resolución de la SRT (la Superintendencia de Riego de Trabajo), la 1254/18, en su Art. 43, delegó en las provincias el control de estas matriculaciones, a fin de velar por el ejercicio profesional y control de sus aptitudes reservadas, los cuales debían adecuarse a ley en tiempo y forma una vez sancionada la resolución, dando lugar a nuevos colegios y consejos de profesionales, escindiéndose de sus colegios por similitud curricular, como el caso modelo de la provincia de Mendoza, donde el Consejo de Ingenieros, en su fundación en el año 1965, incorporó varias profesiones, como los profesionales de Agrimensura, Arquitectos, entre otros, que vieron la veta producto de esta resolución para crear su propio colegio años después, donde estos mismos quedaron sujetos a las obligaciones de la Caja Previsional Técnica de la provincia.

      Con la particularidad que en varias provincias comenzaron a sugerir los colegios de profesionales de Higiene y Seguridad, y a la fecha 18 de las 24 provincias poseen el control por parte de sus profesionales, donde el caso de Mendoza, según la Fiscalía de Estado Provincial, en un dictamen del 2004, aún hoy sigue siendo ilegítimo el control por parte del Consejo de Ingenieros de la matriculación del sector de la prevención en esa provincia, con una ley en la legislatura local, con sanción del Senado y Diputados desde el 2018.

      En pleno año electoral, en plena crisis institucional y en medio de una realidad que desde los sectores que velan por los intereses de sus matriculados, vieron con poco agrado tocar un panal muy sensible desde lo ético, proponer algo de manera tan liviana, sin conocer los por menores, puede hacer explotar una olla a presión que ni las provincias puedan controlar

  3. Adriana Alperovich

    Claramente el Ing en petróleo Iguacel, abona por eliminar los consejos profesionales, para que personas que ostentan un título de ingeniero, como él, incluso personas con título de Arquitectos, interviniendo en temas de incumbencias de ingeniería, puedan intervenir en cualquier tema relacionada a la Ing, aunque no tengan conocimientos específicos, tal como lo hizo en sus intervenciones cuando lo nombraron como Administrador de la DNV.

    1. Insisto Adriana. ANOMIA. Hablás específicamente de las incumbencias profesionales y su control. Hoy tenemos dificultades serias, imaginá cuando eliminen estos organismos.-

  4. En primer término, lo de Javier Iguacel es de una ligereza incompatible con quien pretenda presentarse como precandidato a cualquier cargo público. En segundo término, hay que comenzar a separar la paja del trigo: dado el federalismo del país (no en todos los campos), cada jurisdicción tiene su propia ley de ejercicio profesional. En la Ciudad de Buenos Aires, los profesionales que integran como Consejeros las comisiones de los diez Consejos, lo hacen en forma honoraria y ni siquiera cobran viáticos y no hay aportes compulsivos a cajas jubilatorias. En las otras 23 jurisdicciones la situación es muy diversa: en muchas los consejeros perciben honorarios ya que para participar en las reuniones deben viajar a la capital de su provincia, en muchas hay aportes a cajas profesionales provinciales, hay delegaciones para visados de planos con gastos de personal y/o alquileres, pero en las que los estados provenciales se benefician con el cobro inmediato, por ejemplo, de Ingresos Brutos (que en CABA estamos exentos) y hasta retenciones por Ganancias. La necesidad de la creación y permanencia en el tiempo de los Consejos de nuestras profesiones, no admite dudas ni comentarios de índole alguna, ya que el resultado está a la vista. Lo cual no quita que en un futuro mediato habrá que actualizar la leyes al estado actual de la tecnología y necesidades de cada juriscción. Soy ex- Presidente del CPIC.

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