El artículo de la sección Escenarios de revista CPIC 461, escrito por el Dr. Diego Cabot, reflexiona sobre la relación entre la sociedad argentina, los medios de comunicación y la corrupción, tomando como punto de partida su propia experiencia como periodista. Cabot subraya que la corrupción en Argentina es un problema profundamente arraigado, y plantea una cuestión crucial: ¿realmente le interesa a la sociedad argentina combatirla?
El autor expone cómo, pese a las denuncias públicas y los escándalos revelados, la corrupción parece haber sido naturalizada por diferentes sectores del poder, incluyendo no sólo a los políticos, sino también a empresarios, sindicatos, medios de comunicación y organizaciones sociales.
Esta complicidad, señala Cabot, ha impedido que la corrupción se convierta en un tema prioritario en la agenda del Estado. Además, critica la falta de un compromiso estructural por parte de las instituciones para luchar contra este flagelo, lo que perpetúa la pobreza y la desigualdad en el país.
Cabot también hace hincapié en cómo la política ha desconectado a la sociedad de las consecuencias directas de la corrupción, que no solo afecta a la economía, sino que reduce la infraestructura, el desarrollo social y los servicios básicos que deberían beneficiar a todos. Explica que esta desconexión entre corrupción y calidad de vida es parte del problema, ya que la falta de transparencia en la gestión pública y la opacidad en el financiamiento político alimentan una percepción de impunidad y desconfianza en la ciudadanía.
El texto analiza cómo el poder económico y el Estado se entrelazan en una relación poco transparente, que fomenta beneficios personales en detrimento del bienestar general. La intervención estatal en sectores clave, como la obra pública, crea espacios propicios para el soborno y la malversación, lo que, según el autor, genera una dinámica en la que se gasta más pero se hace menos.
Cabot concluye que para enfrentar la corrupción en Argentina se necesitan reformas profundas, no sólo en términos legales, sino también en la actitud de la sociedad hacia este problema.
La justicia, aunque enfrenta limitaciones, debe desempeñar un papel central en esta lucha, pero es imprescindible una verdadera voluntad política para abordar la corrupción como un tema de Estado. Sin este compromiso, la corrupción seguirá siendo un mal estructural que socava la democracia, la justicia y el desarrollo del país.
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