La Academia Nacional de Ingeniería (ANI) difundió un nuevo pronunciamiento técnico que pone en foco una problemática creciente en el ámbito de la construcción: el incremento sostenido de fallas y colapsos estructurales en la Argentina a lo largo de los últimos quince años.
El informe, titulado “Alerta sobre la frecuencia de derrumbes en construcciones nuevas y existentes”, fue desarrollado bajo la coordinación del ingeniero Tomás A. del Carril y cuenta con la firma de especialistas de amplia trayectoria, entre ellos Raúl D. Bertero, Javier R. Fazio, Máximo J. Fioravanti, Alberto Giovambattista, Arístides B. Domínguez, Ricardo J. Rocca y Oscar A. Vardé. El trabajo reúne más de una década de análisis, consultas técnicas y relevamientos basados en registros públicos y antecedentes profesionales.
De acuerdo con el Instituto de Construcciones y Estructuras (ICyE) de la ANI, el número de derrumbes y colapsos parciales registrados en distintas provincias es significativo y, aun así, incompleto, ya que muchos episodios no trascienden a la opinión pública. El estudio abarca una amplia variedad de tipologías —viviendas, locales comerciales, edificios educativos y religiosos, oficinas y estructuras industriales— y resulta especialmente preocupante si se considera que estos eventos se producen en un contexto de avances tecnológicos y normativos en materiales y sistemas constructivos. Esta contradicción deja en evidencia debilidades en los controles, en la asignación de responsabilidades y en la coordinación entre proyectistas, empresas constructoras y organismos estatales.
Uno de los datos más sensibles señala que cerca del 40 % de los derrumbes relevados entre 2010 y 2025 se produjo mientras las obras estaban en ejecución. Para el Instituto, este indicador resulta especialmente alarmante. El informe distingue tres grandes tipos de fallas: las que afectan a edificios existentes por causas como sobrecargas, acción del viento, envejecimiento de materiales o falta de mantenimiento; las que se producen durante reformas o ampliaciones realizadas sin proyectos adecuados; y las asociadas a obras nuevas, generalmente vinculadas a errores de diseño, controles insuficientes o prácticas deficientes en excavaciones, fundaciones y ejecución estructural.
A este diagnóstico se suma una encuesta realizada por la ANI a más de 160 ingenieros civiles, que permitió identificar numerosos casos graves que no llegan a conocimiento público gracias a intervenciones técnicas oportunas. Estos episodios, invisibles para los medios, reflejan una frecuencia de desvíos mucho mayor a la que sugieren las estadísticas oficiales y confirman la magnitud del problema.
El documento también analiza el rol de los organismos de control. En la mayoría de las jurisdicciones, las dependencias municipales se limitan a verificar la documentación presentada, sin realizar una revisión técnica profunda de los proyectos estructurales. De este modo, la responsabilidad recae casi por completo en los profesionales proyectistas y directores de obra. A ello se suma la habitual presentación de planos incompletos o desactualizados y la inexistencia de archivos confiables sobre estructuras existentes, lo que complica seriamente las tareas de demolición o excavación. En muchos casos, las inspecciones oficiales se concentran en aspectos de seguridad e higiene, y sólo en algunas provincias se exigen controles previos a cada etapa de hormigonado.
Como respuesta, el ICyE plantea un conjunto de acciones prioritarias: la aplicación obligatoria de los Reglamentos Nacionales de Seguridad de las Construcciones (CIRSOC); la implementación de revisiones técnicas independientes antes del inicio de las obras, con responsabilidades compartidas; la actualización de las funciones y obligaciones de directores, inspectores y contratistas; la exigencia de que el constructor analice integralmente el proyecto antes de comenzar; una mayor profesionalización en obras medianas y pequeñas; la trazabilidad documental mediante planos conforme a obra confiables; y la incorporación de planes de mantenimiento con inspecciones periódicas durante toda la vida útil de las estructuras.
Finalmente, el informe recuerda que el Código Civil y Comercial de la Nación establece la responsabilidad del constructor frente a fallas que afecten la solidez de las obras y declara inválido cualquier intento de limitarla por vía contractual. Desde la ANI advierten que, cuando se produce una tragedia, la intervención judicial resulta siempre tardía: la única respuesta eficaz es la prevención técnica, aplicada de manera anticipada, continua y sistemática.
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