La Ing. Civil Ana María Luján Leanza, consejera universitaria suplente del CPIC, analiza en Revista CPIC Nº 464 el estado y los desafíos de la red vial argentina, que concentra el 90 % del transporte terrestre y presenta un preocupante déficit de mantenimiento e inversión, clave para la competitividad, la integración territorial y la seguridad vial del país.
La red vial argentina, con más de 620.000 kilómetros entre caminos nacionales, provinciales y rurales, concentra el 90 % del transporte terrestre, lo que evidencia su centralidad en el movimiento de personas y bienes. Sin embargo, enfrenta un marcado deterioro: el 68 % de la Red Nacional pavimentada requiere mejoras, rehabilitación o reconstrucción, y la desinversión en el mantenimiento de caminos bidireccionales ha sido del 69 % entre 2011 y 2022.
El artículo pone de relieve que el sistema vial se encuentra ante una brecha crítica: por un lado, la ejecución de obras para responder a demandas futuras, y por otro, la postergación del mantenimiento de la red existente. La Red Nacional pavimentada cuenta con 37.553 km, de los cuales 9.342 km están concesionados bajo el sistema de peaje, cubriendo apenas un 25 % del total. El resto, sin contratos de conservación garantizada, depende de inversiones que en muchos casos no llegan o se ejecutan de forma fragmentada.
La Ing. Leanza advierte que gran parte del transporte de granos hacia los puertos circula por rutas bidireccionales con banquinas sin pavimentar, un diseño que combina altos volúmenes de tránsito pesado con bajos niveles de seguridad y capacidad. El crecimiento del parque automotor, que en la última década ha incrementado significativamente el número de camiones, profundiza esta presión. Además, la falta de control de cargas y la incorporación de configuraciones como los bitrenes aumentan el desgaste prematuro de las calzadas.
El panorama expuesto también incluye un componente territorial: el 61 % de la red corresponde a caminos rurales, vitales para la producción y el arraigo, pero que reciben mínima atención. Mientras tanto, las provincias gestionan sus redes con criterios y recursos dispares, lo que amplifica las desigualdades en la calidad del servicio vial.
La autora plantea interrogantes de fondo sobre la política de infraestructura a seguir: cómo se financiará el mantenimiento de los más de 31.000 km de rutas no incluidas en concesiones, qué rol asumirán las jurisdicciones provinciales y si será posible establecer un criterio común que permita planificar de manera integrada y estratégica. La respuesta a estos desafíos será determinante para el futuro de la competitividad, la integración territorial y la seguridad vial en la Argentina.
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