El Consejo Profesional de Ingeniería Civil (en adelante “CPIC”) es una persona jurídica pública no estatal, que tiene la policía profesional para Ingenieros Civiles y afines, y Técnicos y afines en la jurisdicción federal y territorios nacionales, así como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mediante Decreto Ley N° 17.946[1] de fecha 7 de julio de 1944 (B.O. 20-07-1944) se reglamentó el ejercicio de las profesiones de arquitectos, agrimensores e ingenieros en la Capital Federal y en los territorios nacionales.

El Artículo 13 de dicho Decreto Ley creó los Consejos Profesionales de agrimensores, arquitectos e ingenieros, constituidos por especialidad e independientes entre sí. Luego el Artículo 21 del mismo Decreto Ley dispuso que el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Obras Públicas de la Nación constituiría, por primera vez, los Consejos Profesionales creados por ese decreto.

Posteriormente, el Artículo 1° del Decreto del Poder Ejecutivo N° 21.803 de fecha 18 de agosto de 1944 constituyó, entre otros, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 21 del Decreto Ley N° 17.946/1944. El Artículo 2° de dicho Decreto ordenó que los Consejos creados se ajusten en un todo a las disposiciones del Decreto Ley N° 17.946/1944.

Luego mediante el Decreto Ley N° 6.070[2] de fecha 25 de abril de 1958 (B.O. 9-05-1958) sustituyó el Decreto Ley N° 17.946/1944, aunque mantuvo a los Consejos Profesionales creados al amparo de tal normativa, ordenándoles por Artículo 42 convocar “…a elecciones de renovación de la totalidad de sus miembros, dentro de los ciento ochenta días de la promulgación de esta ley”. Este Decreto Ley es luego ratificado por la Ley N° 14.467[3], de fecha 5 de septiembre de 1958 y modificado por otras normas que no alteran sustancialmente las facultades de los Consejos Profesionales creados anteriormente.

Vale citar el Artículo 38 del Decreto Ley N° 6.070, que dice que “Los Consejos Profesionales y la Junta Central tienen la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado y pueden ejercer todos los actos de administración y disposición que fuesen necesarios al desempeño de su cometido, inclusive la adquisición y transferencia de inmuebles, y la constitución de derechos reales sobre ellos”. Mientras que el Artículo 1° establece que Artículo 1º “El ejercicio de la Agrimensura, la Agronomía, la Arquitectura y la Ingeniería, en jurisdicción nacional o ante autoridades o tribunales nacionales, queda sujeto a las determinaciones de la presente ley, sus disposiciones complementarias y las normas de ética profesional”.

Luego por Decreto N° 2.148[4] de fecha 13 de julio de 1984 se consideró actividades afines con las profesiones reglamentadas por el Decreto Ley 6.070/1958 (ratificado por Ley 14.467) las que guarden relación con éstas y que sean de competencia de la actividad de técnico.

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vale recordar que la Constitución CABA del 1° de octubre de 1996 (B.O. CABA del 10-10-1966), en su Artículo 80, inciso 2, punto d) dice que la Legislatura de la Ciudad legisla sobre el ejercicio profesional en su territorio. Sin embargo, la Cláusula Transitoria Decimoctava establece que “El control de la matrícula y el ejercicio del poder disciplinario de las profesiones liberales, continuará siendo ejercido por los Colegios y Consejos creados por ley de la Nación hasta que la ciudad legisle sobre el particular”, situación esta última que no ha sucedido hasta la fecha.

[1]http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=21E87CE60858E919A63A313D8FFA0CFB?id=294963, consultado el 20-08-2019.

[2] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=39013, consultado el 20-08-2019.

[3] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=181278, consultado el 20-08-2019.

[4] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=28190, consultado el 20-08-2019.